En el fallo del juicio abreviado dado a conocer el pasado viernes contra Fernando Espíndola, dirigente sindical camionero de San Pedro, la jueza Elena Baquedano marcó diferencia respecto de su par Alejandro López.
No solo decidió condenar al imputado a cuatro años de prisión por los mismos hechos que López no consideró delitos (incluso había calificado como un “despropósito” que la causa llegase al fuero penal), sino que avanzó con pedidos de investigación por manifestaciones que no habían sido tenidas en cuenta por él.
La magistrada advirtió que “la gravedad de estas expresiones en la que lisa y llanamente se compromete el accionar de autoridades públicas, estimo que debe investigarse, y a tal efecto se solicitará por oficio a la Fiscalía General Departamental”.
Estas referencias fueron hechas respecto de algunas pruebas presentadas en la causa. Se trata de testimonios y audios que de manera separada y en diferentes momentos durante los bloqueos a la empresa Rey involucran al intendente de San Pedro Cecilio Salazar, al por entonces jefe de la Policía Comunal de San Pedro Juan Ramón Catalano y a Sofía Rotundo, Delegada Regional de Trabajo de esa localidad.
En las pruebas aportadas al juicio que evaluó la jueza Baquedano advirtió que la coacción ejercida por Espíndola no sólo fue para los empresarios, sino también para el Intendente Municipal de San Pedro y se interpreta que igual conducta se transmitió a la policía.
Fuente: El Norte