El juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó a la Municipalidad de San Pedro implementar medidas precautorias urgentes para el control de un basural a cielo abierto de unas 20 hectáreas, ubicado en el barrio La Tosquera de esa localidad bonaerense y que es objeto de una investigación que impulsa el Ministerio Público Fiscal (MPF) por los posibles efectos contaminantes del predio y los riesgos para la salud de la población.

La resolución establece un plazo de 90 días corridos para ejecutar un plan de contingencia y de 60 días para presentar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU).

La decisión se adoptó en sintonía con un requerimiento del fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás.

El fiscal fundó su pedido en los informes remitidos por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, elaborados a partir de inspecciones y relevamientos realizados por personal de las direcciones de Residuos Sólidos Urbanos y de Control y Fiscalización. También citó un informe técnico de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, y los resultados de un análisis de laboratorio efectuado por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).

LAS MEDIDAS ORDENADAS

Al resolver el planteo del MPF, el juez Villafuerte Ruzo consideró que los procesos ambientales requieren una tutela judicial efectiva de carácter preventivo y dispuso aplicar el principio precautorio previsto en la Ley N°25.675 de Política Ambiental Nacional.

En relación con el basural municipal de La Tosquera, ordenó la ejecución de un plan de contingencia, dentro del plazo de 90 días corridos, que deberá contemplar las siguientes medidas precautorias, a cumplirse de inmediato:

El cerramiento perimetral del predio.

El control de los accesos y la vigilancia activa durante las 24 horas para impedir el ingreso de personas no autorizadas a descargar residuos.

El registro y la autorización de las personas que trabajan en el lugar, a los fines de que puedan seguir realizando esa labor.

La organización, división y clasificación de los distintos residuos que ingresan al predio.

El registro de las personas físicas y jurídicas que ingresan al predio a descargar residuos sólidos urbanos, junto con la documentación que los autoriza y la tasa que pagan por ese servicio.

A su vez, el magistrado ordenó a las autoridades municipales presentar, en un plazo de 60 días, el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, de conformidad con la Ley Nacional N°25.916, la Ley Provincial N°13.592 —ambas sobre gestión de residuos domiciliarios— y su decreto reglamentario N°1215/10.

A esa disposición, según la resolución del juez, deberán dar respuesta el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar; al director de Ambiente, Gustavo Solá; al secretario de Obras y Servicios Públicos, Adrián Devito; y al director del Corralón municipal, Juan Bronce, a cargo de la operación del basural.

La implementación y el control de las medidas dispuestas deberán articularse con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, en su carácter de autoridad de aplicación.

Fiscales.gob.ar