El ministro de Desregulación y Transformación del Estado
El ministro calificó como “una aberración social” que un colegio profesional fije un precio mínimo para los servicios inmobiliarios. “El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”, planteó. En esa línea, cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que limitan la competencia.
Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial San Nicolás salieron al cruce argumentando que “la matriculación no es un simple requisito administrativo, sino una garantía para toda la sociedad”.
“El proyecto de desregulación presentado genera preocupación porque pone en discusión herramientas fundamentales para el ejercicio profesional responsable y transparente. Los colegios profesionales cumplen una función esencial: ordenar la actividad, controlar el cumplimiento de la ley, velar por la ética profesional y brindar respaldo tanto a los matriculados como a la comunidad”, consideró José Enrique Cremona, presidente del Colegio de Martilleros de San Nicolás.
Y apuntó: “Ser martillero y corredor público no es una improvisación ni una actividad que pueda ejercerse sin preparación. Detrás de cada profesional matriculado hay una carrera universitaria, años de formación, capacitación constante y el cumplimiento de obligaciones legales y éticas para poder ejercer dentro del marco que establece la ley”.
Advierten por posible incrementode estafas en el sector
En otro orden, Cremona enfatizó que “cuando una persona realiza una operación inmobiliaria, necesita seguridad, claridad y confianza” y que “la obligatoriedad de la matrícula garantiza justamente eso: que quien interviene es un profesional formado, habilitado y sujeto a normas y controles”.
En ese sentido, advirtió que “eliminar o relativizar esa obligación no solo afectaría a los profesionales que ejercen correctamente, sino también a la sociedad en general, que quedaría más expuesta frente a situaciones irregulares, informalidad o posibles estafas”.
El titular del Colegio de Martilleros local defendió, además, las funciones que desempeña la entidad: “El Colegio no solo matricula. También capacita, acompaña, brinda herramientas concretas, interviene ante denuncias y trabaja diariamente en defensa del ejercicio profesional y de la comunidad. Creemos que modernizar y mejorar la actividad siempre es necesario, pero nunca a costa de perder respaldo institucional, controles o profesionalismo. En un contexto donde muchas veces parece que todo vale, nosotros sostenemos que ejercer dentro del marco legal sigue siendo fundamental”. Y finalizó: “Contratar a un profesional matriculado es elegir respaldo para una operación inmobiliaria. No se dejen engañar”.
Cinco puntos principales del proyecto
Según se pudo saber, el proyecto del Gobierno se sostiene sobre cinco ejes principales. Primero, la eliminación de la matrícula obligatoria y la exigencia de título universitario para ejercer como corredor inmobiliario. En la actualidad, la intermediación inmobiliaria se encuentra restringida a actores que deben ser martilleros y corredores públicos matriculados en un colegio profesional. El proyecto oficial prevé la creación de la figura del broker
En segundo lugar, el proyecto propondrá la eliminación del monopolio de los colegios profesionales y la transferencia del rol sancionador a otras instancias, para que la certificación de idoneidad no dependa únicamente de estas entidades.
El tercer punto del proyecto será el fin de la restricción geográfica para operar en distintas jurisdicciones. Hoy, los corredores deben matricularse en cada provincia donde deseen trabajar. Se buscará habilitar la libre circulación y el ejercicio profesional a nivel nacional.
En cuarto lugar, el proyecto de ley pretenderá que se puedan acordar comisiones fijas, tarifas reducidas o incluso eliminar la comisión en determinadas operaciones.
Y, por último, en el quinto punto, relacionado con lo anterior, el texto incluirá la eliminación de aranceles mínimos, honorarios fijos y controles de precios vigentes en varias jurisdicciones.
EL NORTE