La Justicia Federal de Victoria resolvió dictar la falta de mérito para los diez hombres que estaban siendo investigados por los incendios en las islas del Delta del Paraná ocurridos en julio de 2022, un episodio que afectó a San Nicolás, Ramallo y San Pedro, además de Rosario y el sur santafesino.

El fallo, firmado por el juez federal Federico Ángel Martín, sostiene que no existen pruebas suficientes para vincular de manera directa a los imputados con el inicio de los focos. Todos ellos son propietarios o responsables de predios en la zona isleña, pero el magistrado concluyó que no se pudo acreditar que hayan sido autores materiales ni intelectuales de las quemas.

Durante aquellas semanas, el humo avanzó sobre San Nicolás y la región de manera persistente, alterando la vida cotidiana, afectando la visibilidad y generando complicaciones respiratorias en la población. El escenario se dio en un contexto social y sanitario sensible, en la etapa final de la pandemia, lo que profundizó la preocupación y los reclamos.

En su resolución, el juez señaló que el conjunto de pruebas reunidas en la causa resulta insuficiente para sostener una imputación penal. Uno de los puntos centrales del análisis fue el informe técnico elaborado por la División Bomberos de la Policía Federal, que indicó que, debido a las características del terreno y al tiempo transcurrido, no fue posible determinar con precisión el lugar exacto donde se iniciaron los incendios, ni la superficie afectada, ni la causa concreta del fuego.

El fallo también pone en cuestión el alcance de las imágenes satelitales utilizadas en la investigación. Si bien reconoce que herramientas como el sistema Firms de la Nasa son útiles para detectar focos de calor, advierte que esos registros no alcanzan por sí solos para atribuir responsabilidad penal a los dueños de los campos. Según el magistrado, la presencia de puntos de calor no constituye una prueba concluyente sobre la autoría de las quemas.

La hipótesis inicial de la fiscalía, que vinculaba a los propietarios con los incendios por su condición de titulares de los terrenos, perdió sustento ante la falta de evidencia directa. En este contexto, la Justicia no logró identificar a las personas que efectivamente iniciaron el fuego.

LA CAUSA SIGUE ABIERTA

Los diez imputados estaban siendo investigados por presuntas infracciones a los artículos 186 y 194 del Código Penal, relacionados con incendios y la interrupción de servicios públicos. Con esta resolución, se ordenó levantar las medidas restrictivas que pesaban sobre ellos, aunque la causa no fue cerrada.

El juez remarcó que la falta de mérito no implica una absolución, sino que deja abierta la posibilidad de avanzar si aparecen nuevas pruebas. En ese sentido, la investigación continúa en busca de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Además, en su fallo incluyó una recomendación dirigida al Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel. Planteó la necesidad de contar con protocolos de actuación coordinados para preservar pruebas en el lugar de los hechos apenas se detectan incendios, con el objetivo de mejorar la respuesta estatal y evitar que situaciones similares queden sin resolución.

A cuatro años de los incendios que cubrieron de humo a gran parte de la región, la decisión judicial vuelve a poner en foco las dificultades para determinar responsabilidades en este tipo de delitos y reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y control en el Delta.

EL NORTE