La defensa de seis trabajadores afiliados al gremio de Camioneros —imputados junto a los dirigentes sindicales Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espindola— presentó un recurso de queja ante la Camara de Apelacion y Garantias en lo Penal de San Nicolas para intentar frenar el avance del juicio oral de la causa. El planteo encabezado por el abogado Gabriel Ruiz se formalizó luego de que el Tribunal en lo Criminal N° 2 declarara inadmisible una apelación previa el 17 de marzo de 2026. Según sostienen Ruiz y su equipo, la decisión del tribunal oral les impidió acceder a una instancia de revisión superior, lo que —afirman— vulnera el derecho de defensa y garantías constitucionales y convencionales. En ese marco, solicitaron que la Camara admita el recurso, suspenda el proceso y analice el fondo de las objeciones planteadas.
La causa, en trámite ante el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, investiga hechos calificados como turbación de la posesión, coacción y extorsión. La elevación a juicio había sido dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 3, decisión que la defensa cuestiona por considerarla nula. Entre los principales argumentos, los abogados señalaron que la causa fue elevada a juicio sin que estuvieran resueltas impugnaciones previas y sin que la decisión estuviera firme, ya que existe un recurso extraordinario pendiente ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. También objetaron que el Ministerio PUblico Fiscal habria impulsado la elevación de manera directa ante el tribunal oral, "sin respetar el control de la etapa intermedia".
Otro eje del planteo apunta a lo que califican como una "denegación de justicia", al sostener que ni el Juzgado de Garantías ni el Tribunal Oral trataron los cuestionamientos de fondo. Además, remarcaron que la acusación fiscal no fue adecuada a un fallo del Tribunal de Casación de noviembre de 2025 que modificó parcialmente la calificación legal de uno de los hechos.
En esa línea, desde el entorno de los imputados afirmaron que "se busca frenar la elevación a juicio ante tantas irregularidades planteadas" y cuestionaron el procedimiento seguido: "la petición a elevación a juicio es competencia de la fiscalía, no del particular damnificado como se hizo aca".
Uno de los puntos más sensibles del recurso es la intervención de la senadora provincial Florencia Arietto oficiando - oportunamente - como abogada del particular damnificado. La defensa sostiene que esa participación seria incompatible con la Ley 5177 y solicito su apartamiento, además de la nulidad de todos los actos en los que haya intervenido. "Es evidente la presión que ejerce Florencia Arietto, elevándose la causa por pedido de ella", señalaron. Asimismo, los defensores plantearon la recusación de los jueces de la Camara por supuesta falta de imparcialidad, advirtieron sobre una posible prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido desde los hechos —ocurridos en 2021—y, de manera subsidiaria, solicitaron que el eventual juicio se realice mediante jurados.
Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal en lo Criminal N° 2 rechazo la apelación al considerar que no existe una resolución propia susceptible de ser recurrida y que la citación a juicio no constituye una decisión definitiva ni genera un perjuicio irreparable, por lo que no corresponde habilitar esa via.
En este escenario, la causa atraviesa un nuevo capítulo procesal en el que la defensa busca anular la elevación a juicio, readecuar la imputación y garantizar una revisión judicial efectiva, mientras el tribunal mantiene el curso del expediente hacia el debate oral.
Prensa Libre
