El Concejo Deliberante de Pergamino aprobó por unanimidad un pedido al Ministerio de Justicia bonaerense para que suspenda el uso de teléfonos móviles entre internos del Servicio Penitenciario. La presidenta del cuerpo, Gabriela Taruselli advirtió que la medida dictada durante la pandemia “se transformó en una herramienta delictiva que ahora afecta directamente la seguridad de nuestros vecinos”.

La autorización para que los detenidos en las cárceles bonaerenses usen teléfonos celulares nació como una medida excepcional durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional a través del DNU Nº 297/2020. En ese contexto, el Tribunal de Casación Penal bonaerense dictó una resolución que habilitó el uso de aparatos móviles en todas las unidades penitenciarias de la provincia, ante la imposibilidad de los reclusos de mantener contacto personal con sus familias. El objetivo era atenuar los efectos del confinamiento y garantizar la comunicación en un momento crítico. Sin embargo, aquella disposición que debía tener carácter transitorio se transformó con el tiempo en una práctica extendida, sin los controles adecuados y con consecuencias que hoy impactan en la seguridad pública.

La presidenta del Concejo Deliberante de Pergamino explicó que “la resolución imponía al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la obligación de crear un protocolo que asegurara que esta tecnología no se utilizara con fines delictivos”. Pero, advirtió, “a casi cinco años de aquella decisión, la medida sigue vigente sin que se hayan garantizado mecanismos efectivos de control, y eso es gravísimo”. Según recordó, desde noviembre de 2020 se restablecieron las visitas y las actividades normales dentro de los penales bonaerenses, por lo que “ya no existe ninguna razón sanitaria ni humanitaria que justifique la continuidad del uso libre de celulares en las cárceles”. En ese sentido, consideró que “hoy resulta evidente que el Gobierno provincial extendió una medida excepcional más allá de los plazos y objetivos para los que fue creada, y que el Ministerio de Justicia no ha logrado controlar su uso ni impedir que los teléfonos sean una herramienta para seguir delinquiendo desde la cárcel”.

A lo largo de estos años, distintas investigaciones judiciales comprobaron que internos del Servicio Penitenciario Bonaerense participaron en delitos de extorsión, amenazas, estafas, tráfico de drogas, abuso sexual, grooming y pornografía infantil, todos cometidos mediante teléfonos celulares.

Esperando respuestas

El pedido también fue dirigido a los responsables de la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás, la Unidad Penal N°13 de Junín y la Alcaidía Penitenciaria N°49 de Junín, con el fin de que informen cuántos celulares se encuentran declarados dentro de sus establecimientos, qué protocolos de control se aplican actualmente y bajo qué medidas de seguridad se garantiza su cumplimiento. “Queremos saber cuántos teléfonos hay efectivamente autorizados, cómo se controlan y si existen mecanismos tecnológicos que impidan su uso indebido. Hoy la respuesta del Servicio Penitenciario es que se usan solo para educación o contacto familiar, pero eso no resiste el menor análisis cuando se ven perfiles activos de presos en redes sociales tales como Instagram, Facebook o TikTok”, cuestionó Taruselli.

La concejal subrayó que “la inseguridad que viven los bonaerenses tiene muchas causas, pero una de ellas es la falta de control dentro de las cárceles”. En su opinión, “no puede ser que alguien que está cumpliendo una condena pueda seguir generando miedo o daño desde un celular”. Y agregó con firmeza: “El delito no puede tener señal desde la prisión. Si el Estado no pone límites claros, está avalando que los delincuentes sigan operando con total impunidad”.

El Norte