El Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás manifestó su “profunda preocupación” y rechazó “categóricamente” la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La entidad profesional instó a todos los poderes del Estado a “respetar los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución Nacional”.
A través del comunicado publicado en redes sociales, el Colegio departamental que preside el Dr. Alejo Maiztegui expresó: “El Colegio de Abogados de San Nicolás manifiesta su profunda preocupación institucional ante la reciente decisión del Poder Ejecutivo Nacional de designar por decreto a los Dres. Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Rechazamos categóricamente este mecanismo excepcional de designación por consideraciones jurídico-institucionales fundamentales. Si bien el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional faculta al Poder Ejecutivo a realizar nombramientos durante el receso legislativo, esta prerrogativa debe interpretarse restrictivamente y como último recurso institucional, no como via alternativa ante la dificultad de obtener los acuerdos constitucionales requeridos”, amplió la entidad con sede en Mitre 133, con jurisdicción sobre San Nicolás, Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Ramallo y San Pedro.
En tal sentido, el Colegio recordó que “a designación de magistrados para integrar el máximo tribunal de Justicia de la República exige, por imperativo constitucional, no solo la propuesta del Poder Ejecutivo sino también el acuerdo de dos tercios de los miembros presentes del Senado”, tal como lo establece el Artículo 99 de la Constitución en su inciso cuarto.
La colegiación departamental de la profesión letrada enfatizó asimismo que “este requisito constituye una garantía republicana fundamental que asegura la idoneidad, independencia e imparcialidad de quienes ocuparán tan alta magistratura, valores que se ven comprometidos al eludirse el proceso de deliberación y examen propio del acuerdo senatorial”.
A favor de la normalización
Más allá del cuestionamiento al mecanismo empleado por el Poder Ejecutivo Nacional, el Colegio de Abogados de San Nicolás llamó la atención sobre la necesidad de incorporar nuevos miembros en la Corta. En este sentido, el comunicado también cuestionó la “dilación” en la sanción de pliegos por parte de la Cámara alta del Congreso.
“Observamos con preocupación la dilación injustificada por parte del Senado de la Nación en el tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo en marzo de 2024. Esta demora de casi un año en el análisis y resolución de las candidaturas propuestas evidencia un comportamiento institucional reprochable que contribuye al debilitamiento del sistema republicano”, señaló el documento, de redacción consensuada entre los miembros del Consejo Directivo del Colegio departamental.
Por último, expresaron: “El Colegio de Abogados de San Nicolás insta a todos los poderes del Estado a respetar los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución Nacional para la designación de los jueces de la Corte Suprema, garantizando así la legitimidad, independencia y calidad institucional del máximo tribunal de justicia”.
También FACA
Por su parte, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) también emitió un comunicado centrado en el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo Nacional. A través de ese escrito, la entidad expresó su “rechazo por el uso de facultades discrecionales extraordinarias para designar miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que “acelere los procedimientos constitucionales y legales pertinentes para que el Senado de la Nación acepte o rechace el pliego de los candidatos propuestos”.
Por último, la FACA se dirigió a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación para que “en la primera oportunidad posible otorgue tratamiento a esta cuestión”. Al igual que en el caso del comunicado del Colegio de Abogados de San Nicolás, la solicitud de la FACA también tenía que ver con la demora en la revisión y sanción de los pliegos que el Senado retiene desde marzo de 2024.
Diario El Norte