Con la presencia de representantes gremiales y empresariales, entre los que expuso el empresario sampedrino y ex candidato a Intendente Ariel Rey, se debatió en Diputados una serie de iniciativas vinculadas a modificaciones en el sector sindical del país. En un debate acalorado hubo voces a favor y en contra de proyectos que buscan eliminar la contribución obligatoria de los empleados y limitar mandatos de sus dirigentes.
En el marco de la tercera reunión informativa de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja, presidida por Martín Tetaz, un sector de invitados cuestionó el modelo sindical argentino y apoyó los cambios que proponen legisladores de la UCR, PRO y La Libertad Avanza (LLA) en materia de cumplimiento del cupo femenino, el manejo de las obras sociales, la modificación de la cuota solidaria y la representación de las minorías.
Un grupo diputados sindicales de Unión por la Patria cuestionaron que no se esté debatiendo un proyecto de ley para todos -incluyendo a empresas- sino solamente en contra de los sindicatos. Además, exigieron que los límites a las reelecciones indefinidas se apliquen a todas las instituciones porque “es arbitrario, sesgado y prejuicioso”.
El punto de tensión se dio cuando expuso Juan Méndez, representante de una asociación de empresarios pymes, quien disparó contra la “mafia sindical”. Méndez manifestó: “Hablamos de la utilización sistemática de los trabajadores por parte de los sindicatos para defender sus privilegios, convirtiendo a estos en delincuentes porque los empujan a cometer delitos”.
En ese sentido, comentó que llevan asistiendo “a 193 empresas, de las cuales 77 fueron bloqueadas, que por suerte pudieron volver a abrir. Se realizaron denuncias penales y entre los casos hay muchos sindicalistas, así como trabajadores imputados y detenidos”. “Actualmente se encuentran a la espera de un juicio oral dos trabajadores por un bloqueo en San Pedro”, agregó. Finalmente, indicó: “Necesitamos que estas malas prácticas no existan más. Apoyamos la figura penal del bloqueo a empresas porque es delito”.
Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), llamó a esta serie de iniciativas “un sesgo de mirada discriminatoria que roza lo absurdo”. Asimismo, sobre la cuota solidaria, explicó: “Quiero contarles que Estados Unidos tiene cuota solidaria”.
Por otro lado, cuestionó que “siempre fuimos en la dirección de equilibrar la sociedad” y sumó que “hay un criterio de desfinanciamiento absoluto y este va más allá de la solidaridad de los trabajadores”. Respecto a las modificaciones propuestas a la Ley 23.551 y 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo), mencionó que “el único objetivo es el debilitamiento de las organizaciones sindicales y eso jamás es bueno para los trabajadores”. De igual manera, sostuvo que “un sindicato fuerte ayuda a equilibrar las desigualdades sociales”.
Desde el sindicato docente de CTERA, Sonia Alesso manifestó que los proyectos “se meten en cómo definimos en las asambleas, porque las asociaciones sindicales nos basamos en normas que cumplimos. Mucho de lo que se pretende tratar acá es inconstitucional, viola los pactos y los convenios de la OIT”. “Tienen que ser muy respetuosos de la institucionalidad sindical porque a los dirigentes sindicales los vota la gente y tenemos el derecho de llevar adelante nuestra actividad cumpliendo con las leyes que regulan nuestro trabajo”, agregó.
Finalmente, expresó: “Algunos de los proyectos hablan del desprestigio de los sindicatos para mucha gente que quiere un mundo sin ellos, pero seguimos siendo importantes porque peleamos en las calles, seguimos defendiendo derechos”.
Desde el Instituto de Economía Siglo 21, Gastón Utrera opinó que “las asociaciones sindicales deben ser inclusivas con un mínimo de financiamiento garantizado”. En relación al límite de mandato, sostuvo que si bien un periodo corto no garantiza buena gestión, sí que si la gestión es mala dure poco, esa es la lógica que tiene la Constitución Nacional para la política y debería ser igual para los sindicatos”. En la cuestión de obras sociales, indicó que “están totalmente desfinanciadas porque se financian con salarios que han perdido con el poder adquisitivo en los últimos 10 años”.
Como representante del Colegio de Abogados de Morón, Sergio Arce también criticó los proyectos presentados a los que tildó de “inconstitucionales e inconvenientes para la vida -no solo de los sindicatos- sino también de los trabajadores”. “Estas leyes vienen a condicionar, a cercenar al trabajador, para que no participe en la vida sindical por miedo a sanción en el derecho a la huelga” añadió. “Los sindicatos han generado bienestar en los trabajadores, y si no hubo un colapso vinculado con la alta inflación o la situación social fue gracias a los sindicatos que de alguna manera han corrido atrás del salario”, definió.
Fuente de consulta: Tiempo Argentino