Un nuevo capítulo de la saga en torno al crimen del dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) Mauricio Cordara, asesinado por un sicario rosarino el 18 de noviembre pasado en la ciudad bonaerense de Colón, se terminó de escribir en las últimas horas, con la detención en Rosario de Julián Gómez, acusado de ser partícipe del asesinato del chofer del exdiputado Pablo Ansaloni, quien era el blanco del ataque.

Según los investigadores de la causa, que se tramita en la fiscalía de Colón, provincia de Buenos Aires, Gómez sería quien contrató a Alfredo Almirón, alias Calamar, el sicario que ejecutó en la vereda de la casa de Ansaloni a Mauricio Cordara, quien había trasladado a los hijos del sindicalista desde Buenos Aires a Colón. Calamar sigue prófugo.

En la fiscalía de Colón, que está a cargo de Magdalena Brandt, sospechan que el blanco del ataque era Ansaloni. El sicario habría cometido un error al matar a Cordara, quien ese día ocupó el lugar del exlegislador de Juntos por el Cambio, que estaba de viaje en Misiones, y no pudo viajar con sus dos hijos desde Buenos Aires a Colón, una rutina que cumplía todos los viernes.

Gómez es el sexto detenido en torno a este caso. Y sería una pieza clave para develar quién habría pagado una suma de dinero –se sospecha que 300.000 pesos- para matar al excandidato a secretario general de Uatre. Ansaloni perdió en las elecciones en el gremio, que se realizaron el 21 de diciembre en Bahía Blanca, en una asamblea donde se impuso Víctor Voytenco.

El 21 de enero pasado, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), al mando del comisario Damián Meza, detuvieron a Iván Alonso, un joven de 19 años que condujo al sicario en un Fiat Palio color rojo desde Rosario hasta Colón aquel 18 de noviembre, cuando esperaron en la esquina de la casa de Ansaloni a que arribara el auto –un VW Vento– en el que el exdiputado trasladaba todos los viernes a sus hijos desde Buenos Aires hasta aquella localidad bonaerense de donde es oriundo.

Pero, el día del crimen, Ansaloni cambió de planes. Estaba en Misiones de campaña electoral de cara a las elecciones en el gremio y le pidió a Cordara que cumpliera con el ritual del traslado de los chicos. Los sicarios no lo sabían y el que recibió los siete disparos mortales fue el chofer.

Alonso es otra pieza clave en la investigación en la que también participa el fiscal rosarino Matías Edery. No solo conoce detalles de cómo se gestó el crimen del dirigente gremial, sino también sabría dónde podría ocultarse el autor material del homicidio. Según sospechan los investigadores, sería el Calamar Almirón, que eventualmente forma parte del grupo criminal Los Romero.

A través del prisma de esta investigación, que avanzó a un ritmo intenso desde el 18 de noviembre pasado, se trasluce el submundo de la violencia y de los asesinos a sueldo en Rosario, en la que aparecen bandas que tienen actividades múltiples, como Los Romero, que manejan búnkeres de venta de drogas, compran y venden autos robados y, además, aportan a cambio de dinero mano de obra para matar, sicarios que, como en este caso, a veces cometen “errores”.

La confirmación de que los sicarios se equivocaron de blanco surgió de una escucha en la cárcel de Piñero. “Le regatilló. Le dieron al que no era”, dijo Ángel Ochoa, un recluso que vendía autos robados desde el penal. El comprador del auto, según la imputación que se realizó hace dos semanas, fue Fernando Burgos, otro joven que está detenido. Aportó el vehículo para que Iván Alonso y el sicario fueran a ejecutar a Ansaloni. Aún resta desentrañar quién pudo ser el autor intelectual.

La clave para empezar a esclarecer el crimen fue el secuestro del auto que se usó para matar a Cordara. El 28 de noviembre, diez días después de la ejecución, agentes de la AIC detuvieron a Ramón Vallejos, miembro del clan Romero, padre de Hernán Vallejos, conocido como Lichi Romero, con el vehículo en la estación de servicio de Baigorria y Circunvalación.

Los Romero son una histórica banda que, como la mayoría, se dedicaba a los delitos comunes, como entraderas y robos, hasta que derivó hacia un perfil con una base de recaudación en el manejo de la venta de drogas en la zona cercana a la ruta 34. También, como ocurre con otras organizaciones criminales, como Los Monos, es un clan familiar, liderado por Lichi, que está preso y fue condenado en octubre de 2018 a 20 años de prisión por una ristra de delitos violentos.

Hasta ahora, la única relación entre el crimen y los Romero es Ramón Vallejos, que fue imputado y está detenido. Este hombre fue detenido con el Palio que se usó en el asesinato. Según surge de las escuchas que figuran en la investigación, le dieron el auto para quemarlo y, en vez de destruirlo, se lo quedó unos días. En ese lapso fue detenido con el coche. Los investigadores creen que esta banda fue la que aportó al sicario, apodado Calamar.

El auto que se utilizó en el crimen fue robado en el partido de Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense, el 30 de agosto del año pasado. Desde allí fue para Rosario, con una patente robada colocada en lugar de la original. Lo compró un ladrón de autos, Ángel Ochoa, que está preso en el pabellón Nº20 de Piñero. Es un hombre que se dedica a ese rubro delictivo, conocido como el “emponchado”: robar y adulterar autos con documentación apócrifa que luego se venden.

Tres días antes del crimen, Ochoa recibió un mensaje al celular que tenía en la cárcel. Era Fernando Burgos, un joven que buscaba un auto para cometer un delito. “Necesito uno como los de Miami. Es para hacer un trabajo y descartarlo”, le contó Burgos al recluso, especialista en robo de vehículos. Según los investigadores, la referencia a Miami tiene que ver con el juego GTA, que trata de ladrones de autos, y la sexta edición transcurre en esa ciudad.

Ochoa, quien no tenía ni idea del GTA Miami, le contestó que tenía un auto disponible, “un Palio rojo”. Estaba muy lejos de los Camaro que aparecen en el juego. Lo tenían “guardado” en un galpón en México y Nicaragua, en el barrio Empalme Graneros.

Lo que aún es un misterio –y no hay una hipótesis clara– es quién o quiénes ordenaron matar al exdiputado. En un principio asomó como la principal sospecha en la fiscalía a cargo de Magdalena Brandt la posibilidad de que se tratara de una interna gremial de Uatre, gremio que estaba en plena ebullición en medio de la campaña electoral y con denuncias cruzadas entre Ansaloni y el actual secretario general, Voytenco.

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